Notas editoriales

Recientemente, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, emitió unas controversiales declaraciones que provocaron el malestar en varios sectores de la industria nacional cuyas actividades comercialmente están ligadas a inversiones de compañías españolas.

Molesto por lo que considera un abuso, el mandatario de la nación calificó a los proyectos de dichas empresas como extremadamente ventajosos para sus intereses, los cuales siempre han implicado un deterioro para la economía mexicana.

Era un contubernio arriba, una promiscuidad económica y política en la cúpula de los gobiernos de México y España, como tres sexenios seguidos y México se llevaba la peor parte, nos saqueaban.

Por ello, planteó poner “en pausa” en las relaciones entre ambas naciones incluso hasta finalizar el sexenio.

“Vamos a darnos tiempo para respetarnos y que no nos vean como tierra de conquista. Sí queremos tener buenas relaciones con todos los pueblos, pero no queremos que nos roben. Así como los españoles no quieren que lleguen de ningún país a robarles, pues tampoco queremos nosotros.

Ahora no es una buena relación y a mí me gustaría que hasta nos tardáramos en que se normalizara, creo nos va a convenir”, enfatizó.

¿Adiós a la política del buen amigo?

Por su parte, el gobierno español, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, lanzó un comunicado donde destaca la buena relación que se ha logrado establecer con México, país al que está ligado en varios rubros.

“España es el segundo inversor en México y cuenta con 7 mil empresas en ese país. La inversión española se eleva por encima de 70 mil millones de euros y la mexicana en España supera los 25 mil millones", indica parte del documento.

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Sin embargo, es un hecho que las inversiones de algunas empresas españolas —sobre todo las ligadas a la generación y distribución de energía eléctrica— han disminuido desde que se planteó una Reforma Eléctrica y quizá decrezcan todavía más al ratificarse la postura del jefe del Ejecutivo de cerrarles el paso.

Por ello, entidades como la Ciudad de México, Nuevo León y el Estado de México encabezarían la lista de los centros poblacionales más afectados, pues es ahí donde se focaliza el capital español.

Si bien es cierto que los sectores financiero, turístico, de telecomunicaciones y de transporte son los grandes captadores de capital ibérico; dicha aportación también contribuye al fortalecimiento del sector energético, de construcción, automotriz y textil, por citar solo algunos.

Varios estudios apuntan que Iberdrola y Gas Natural Fenosa generan por encima del 20% de la energía eléctrica que diariamente se consume en México; en tanto que Repsol es uno de los principales suministradores del gas licuado dirigido a la industria nacional.

Por su parte, compañías como OHL, ACS-Dragados, Alesa y Gamesa, lideran a otras también de origen español que construyen carreteras, puentes e infraestructura ligada a proyectos gubernamentales.

En cuanto a telefonía se refiere, por encima del 22% de los usuarios mexicanos reciben el servicio de un proveedor español.

Y para que la cuña apriete, datos del sector turístico apuntan que, tan solo en el caribe mexicano, cerca del 60% de las cadenas hoteleras construidas les pertenecen a inversionistas españoles.

Bajo esta perspectiva, la idea de que México se separe comercial y financieramente de España, aunque sea estableciendo una pausa temporal en sus relaciones, no es tan sencilla de llevar a cabo como se plantea.