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La industria automotriz advirtió al gobierno que la puesta en marcha del nuevo decreto para regularizar vehículos usados importados de contrabando, conocidos como “chocolates”, al no establecer medidas de control ni revisión para el ingreso al país dará pauta a una nueva oleada de introducción de autos ilegales en detrimento de la seguridad de los consumidores.

El decreto, publicado el pasado miércoles en el Diario Oficial de la Federación, prevé la regularización de autos usados de procedencia extranjera que no cuenten con el documento que acredite su legal estancia en el país y que se encuentran en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas.

En un frente común de la industria, representada por la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), así como la Industria Nacional de Autopartes (INA), destacaron que la regularización genera distorsiones y trato inequitativo a los consumidores que han adquirido un vehículo de forma legal.

En conferencia de prensa, los representantes de la industria reprocharon al gobierno que no fueron tomados en cuenta para la formulación del decreto de regularización. José Zozaya, presidente de la AMIA sostuvo que abrir un espacio para legalizar el contrabando envía una “pésima” señal a las inversiones que buscan a México.

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El presidente de la AMDA, Guillermo Rosales, advirtió que si el gobierno federal no implementa una política de “cero tolerancia” a la circulación de ilegales, dará pauta a que continúe la importación de vehículos con condiciones irregulares.

Es preocupante que los usuarios solo tendrán que hacer un pago de aprovechamiento de 2 mil 500 pesos, sin tomar en cuenta las características del año o el modelo del vehículo. Esto supone un trato inequitativo al hacer a un lado
las contribuciones.

Rosales destacó que si bien el decreto refiere que no podrán regularizarse vehículos que no cumplan con las condiciones físico-mecánicas o de protección al medio ambiente –de conformidad con las disposiciones federales o locales–, que hayan sido reportados como robados o que se encuentren relacionados con la comisión de un delito en alguna carpeta de investigación o proceso penal, no se considera el procedimiento para verificar el historial del vehículo.

“Se concede la oportunidad de que dicha revisión se satisfaga con la simple declaratoria bajo protesta de decir verdad del propietario del vehículo, con esta amplitud se pierde el control para cumplir con el objetivo que el mismo decreto contempla”, advirtió el presidente de AMDA.

Para la industria, sostuvo sería lamentable que se regularicen vehículos con reporte de robo, que cuenten con declaratoria de no circulación en Estados Unidos, que no tengan las condiciones mecánicas y que no satisfagan la normatividad ambiental.

Por su parte, Virginia Olalde, directiva de la ANPACT sostuvo que es muy importante que la industria participe en la elaboración de reglas secundarias derivadas del decreto, especialmente para que los vehículos que se regularicen cumplan realmente con los mismos estándares que los comercializados en México.