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Diversos artículos de la Ley Minera en México fueron impugnados por comunidades indígenas de Puebla debido a que no incluyeron un mecanismo de consulta para otorgar las concesiones de explotación; hecho por el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) alista la votación del proyecto de sentencia para negar el amparo.
En 2018, el pueblo maseual logró un amparo contra tres concesiones mineras en etapa de exploración en Cuetzalan, Puebla, otorgadas en 2007, 2008 y 2011 a la compañía mexicana Minera Autlán; sin embargo, en mayo de 2020, fecha en que celebran rituales a sus manantiales, el recurso se vio en riesgo por un proyecto en la SCJN que propuso desvincular la Ley Minera —aprobada en 1992— de sus derechos indígenas.
Dicho proyecto, presentado por el Ministro Javier Laynez Potisek, recibió críticas tanto de organizaciones como de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por lo que se mandó a revisión y se modificó para ser votado.
En este sentido, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), reiteró su llamado respetuoso a las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para garantizar el derecho de consulta de los pueblos y comunidades indígenas tanto en la emisión de la Ley Minera, como en su contenido, antes de emitirse cualquier título de concesión en la materia.
“El tema será retomado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y representa una oportunidad histórica de la Corte para consolidar el derecho al territorio y el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos y comunidades indígenas. En ambos casos, implicará un avance o un retroceso en el ejercicio de los derechos indígenas consagrados en la legislación nacional e internacional”, señaló el instituto.
Por su parte, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), indicó en un comunicado: “Es lamentable esta falta de transparencia, pues se trata de un tema que resulta de vital importancia, sobre todo para las comunidades indígenas y rurales que son víctimas de violaciones a sus derechos humanos debido a la explotación de concesiones sobre sus territorios”.
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