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EL GOBIERNO HACE CORTO CIRCUITO CON LAS ENERGÍAS LIMPIAS
EL GOBIERNO HACE CORTO CIRCUITO CON LAS ENERGÍAS LIMPIAS
153 | mayo 20, 2020

Con el pretexto de que hubo “negocios sucios” el gobierno borró del futuro a las “energías limpias” mediante un decreto. Pero la respuesta de la oposición, de los articulistas y de muchos integrantes del poder legislativo fue contundente: El decreto atenta, entre otras cosas, “contra toda política para descarbonizar el planeta”.

La Secretaría de Energía (Sener) le torció el brazo al sistema eléctrico mexicano al asumir por completo el control a través de un decreto “plagado de irregularidades, de pasos y normas no cumplidas”, de acuerdo con empresarios del ramo, y con una nube de críticas que se levantó de inmediato, porque pone en entredicho y, lo que es lo peor, porque frena las inversiones en energías limpias y renovables. Este hecho significa, en resumen, que se trata de un retroceso energético que, “además de ilegal”, como afirman los afectados, “incumple con los tratados internacionales”, como le recordaron con sendas misivas los gobiernos de Canadá y la Comunidad Europea. 

Con anterioridad, el pasado 29 de abril, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) suspendió de forma temporal la entrada en operación de nuevas plantas eólicas y solares para “garantizar la calidad” del sistema tras la repentina caída de la demanda. Bajo el pretexto de la epidemia se dio a conocer el acuerdo para llevar a cabo “acciones estratégicas de control operativo para fortalecer la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional”. Y fundamentaron que “se han registrado fallas ocurridas como resultado del bajo consumo eléctrico por la emergencia y por la generación intermitente con energía renovable”.

Para representantes del sector privado, la medida reciente va a quebrantar sin duda las operaciones e inversiones de energías limpias ya que “Impide arbitrariamente, y con plazo indefinido, la entrada en operación de nuevas plantas de energía renovable en todo el territorio nacional y limita la generación de centrales de este tipo en operación”, señalaron con justificado enfado.

Control total

En el documento definitivo publicado finalmente por el Cenace en el Diario Oficial, el sábado 16 de mayo, la Sener, sin rubor alguno, reclama el control total del Sistema Eléctrico Nacional. El columnista Salvador García Soto, de El Universal, pinta los hechos tal cual: “la ofensiva contra Rocío Nahle desde sectores empresariales y de opinión es sólo el inicio de lo que se va a transformar en una ofensiva legal y una lluvia de demandas, amparos y peticiones de indemnización por la cancelación de inversiones y proyectos que dejará el decreto presidencial que cancela los proyectos de generación de energías limpias”. 

García Soto enfatizó que la secretaria de Energía “…está envuelta en la bandera de la 4T y tiene todo el respaldo del presidente para aguantar el vendaval ante lo que los empresarios, ambientalistas y especialistas energéticos de México y del mundo ven como un ‘retroceso grave e histórico’ además de costoso y dañino para el ambiente y el cambio climático.... Pero la secretaria y sobre todo el propio presidente, ven como ‘un rescate’ casi heroico de la CFE al intentar volverla de nuevo el monopolio energético que fue en el pasado, casi como si volviéramos unos 30 o 40 años en el tiempo”.

Se sabe que la medida busca salidas para el combustóleo de Pemex, porque muchas centrales en México funcionan con ese combustible.

De acuerdo con Daniel Chacón, de Iniciativa Climática, el combustóleo es un producto con un alto contenido de azufre que produce Pemex en sus refinerías, pero con una escasa salida comercial por su carga contaminante. “No tiene mercado. Antes se utilizaba en las calderas de los barcos y ahora lo quieren volver a quemar en las plantas de generación eléctrica”. Se sabe que la CFE se ha mostrado dispuesta a comprar el producto para las plantas que está rehabilitando y así echar una mano a Pemex, la petrolera más endeudada del mundo”.

La meta, fortalecer las empresas del estado 

La iniciativa privada apunta que las razones detrás de esos movimientos no son técnicas, sino políticas, y que obedecen a la agenda nacionalista de López Obrador. Aparentemente, el presidente se comprometió a no revocar la reforma energética que liberalizó el sector, pero su Gobierno ha buscado mecanismos para vigorizar los músculos de la CFE gracias a cambios regulatorios. 

La cancelación de las subastas eléctricas a largo plazo es un ejemplo, ya que permitían a los generadores de energía vender su producción a la CFE a un precio fijo, lo que incrementó el atractivo de México como destino inversor.

Pero en cuanto se hizo del poder, la nueva Administración anuló las rondas a finales de 2018. Parte de los nuevos proyectos paralizados por la suspensión se licitaron en la tercera y última subasta, celebrada en 2017.

De hecho, no hace mucho, en marzo, el presidente se desenmascaró y amenazó ante un parque eólico en Baja California: "Nunca más permisos para afectar el medio ambiente", opinó sobre las turbinas que se apreciaban al fondo, en el paisaje. Más allá del tema de la intermitencia, el presidente ha insistido en el ‘rescate’ de la Comisión Federal de Electricidad, algo vapuleada por el empuje de los generadores privados: “Se estaba buscando que haya orden y que no se siga arruinando a la CFE, y que podamos mantener los precios de la energía eléctrica y bajarlos, si es posible, que ellos nunca lo hicieron; al contrario, se elevaba y se elevaba constantemente el precio de la energía eléctrica”.

Para la ideología que manda ahora, lo que se defiende es la “Seguridad y la Autosuficiencia”. Y la secretaria Nahle, y el gobierno tendrán que pagar el costo y, de paso, enfrentar un copioso caudal de demandas, amparos y hasta tensiones diplomáticas con países y regiones con los que tenemos tratados y acuerdos comerciales, ya que la medida retrasa los ingresos de las compañías afectadas y pone en riesgo el pago de su deuda contratada para la infraestructura construida. A ver en cuánto nos sale más caro el caldo que las albóndigas.

Se veía venir

Desde finales del mes pasado el Cenace dio a conocer el “Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional", con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid-19)”, donde el punto más conflictivo era la suspensión del ingreso de nuevas plantas de energía renovable. Lo extraño del asunto era que por razones epidemiológicas el gobierno decidiera controlar el sistema eléctrico. 

Pero lo más rudo vino después, el 16 de mayo, cuando Rocío Nahle, saltándose una que otra tranca, desoyó la advertencia de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), quien consideraba que desplazar, incluso temporalmente, a los generadores más eficientes sin que dicha medida estuviera técnicamente justificada, provocaría mayores costos de generación, lo que podría implicar alzas a las tarifas eléctricas o, en su caso, un aumento en los subsidios.

La Comisión antimonopolios señaló que “no se establecieron criterios o parámetros claros y medibles bajo los cuales dichas pruebas iban a reanudarse, lo que agravaba la incertidumbre para las inversiones planeadas y futuras en proyectos de generación eólica y solar”. De hecho, en una entrevista con Maricarmen Cortés, Rocío Nahle admitió que lo que se pretendía con la medida era “equilibrar la posición de CFE (de 54%), ya que los privados producían más de 46%”. A pesar de estos avisos, el decreto revigorizó el reclamo y la funcionaria asumió para la Sener “la potestad absoluta sobre quién puede generar energía, dónde pueden operar y cuánto pueden producir”.

¡Aguas con las inversiones!

“Si estos datos fueran así (y seguro las empresas privadas y el Cenace pueden contrastarlo), lo que está en riesgo es justo esa cifra; lo que está en peligro es casi la mitad de la generación de electricidad del país”, explicó Pablo Zárate, managing director de FTI Consulting, en una entrevista con Barbara Anderson, de Milenio.

“Hay un desplazamiento de inversiones ya hechas y la adquisición de market share para un solo operador de un modo ilegítimo. Viola varios tratados internacionales y sienta precedentes sobre el estado de derecho.

Esto siembra pánico en la inversión, y está forzando a que los empresarios nos convirtamos en litigantes, y que la creación de empleo retroceda de manera notable”, añade Zárate.

Además de los efectos económicos inmediatos (la CFE produce más cara la electricidad en promedio que los privados) y ambientales (gran parte de sus plantas son muy contaminantes), “hay un mensaje a los inversionistas: México no es un destino seguro para invertir porque las regulaciones y las leyes no son ninguna garantía”, subraya el directivo.

Aun así, la secretaria de Energía emitió nuevas reglas para el Sistema Eléctrico Nacional que de plano “frenan la inversión privada en el sector”, opinó Zárate. 

El futuro a cuentagotas

La medida causó estupor, ya que nadie entiende porqué ahora, cuando los países se ponen de cabeza y hacen todo lo que está a su alcance para atraer inversión privada, México se da el lujo de patear al pesebre, poner en la zozobra a los proyectos en energías limpias, que ya están en pruebas, listos para iniciar, con una inversión de 3,604 millones de dólares y la generación de 16,200 empleos.

El freno operativo va a afectar a alrededor de 28 plantas solares y eólicas ya listas para arrancar, según un recuento de la iniciativa privada. Las centrales aglutinan una capacidad de 3,270 MW, suficiente para cubrir las necesidades eléctricas de casi tres millones de hogares. Es una cantidad similar a la que entró en vigor en 2019, cuando las renovables batieron récords de generación. 

Otros 16 proyectos en construcción, con una potencia de 2,067 MW, tampoco podrán conectarse a la red si la suspensión se alarga. En suma, estas plantas representan el 50% de la capacidad prevista para este año y 6,400 millones de dólares en inversión directa.

Entre las empresas afectadas están los gigantes Enel e Iberdrola. Ambas contaban con varios proyectos en periodo de pruebas antes de la suspensión.

El portavoz de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), Julio Valle, califica la medida de “grave”. “Hay un deterioro en la certidumbre del cumplimiento de la legalidad, del respeto a los contratos”, dice.

Y el Acuerdo, ¿Ya nadie se acuerda?

El decreto, además, se opone al Acuerdo de París (donde el mundo, incluido México, se enfrascó en una incesante búsqueda por reemplazar a la energía fósil). También desafía a la legislación vigente en lo concerniente a la transición energética que México, desde hace años, se comprometió a generar de energía limpia para 2021 (30%) y para 2024 (35%). Desde el ángulo de la sensatez, hay que reconocer los desafíos y los objetivos de las energías alternativas.

Para 2050 se debe cumplir la transición energética completa. Con esa meta en mente, se busca mantener al planeta por debajo del calentamiento global de 1.5°. Pero aún hay problemas para integrar las energías renovables.

El más importante es el del almacenamiento. Las redes eléctricas nacionales deben equilibrar la oferta y la demanda, una tarea que se ve dificultada por la tendencia del suministro renovable a aumentar o colapsar junto con la luz solar, el viento y las olas. El almacenamiento de energía suficiente y eficiente resolvería ese problema, pero aún hay que producirla a precios competitivos.

Aparte, hay que resolver el tema del espacio requerido para producir cantidades significativas de energía. El parque eólico más grande del mundo. El proyecto Gansu Guazhou Beidaqiao de China, ocupa 30 Km2 de espacio, mientras la planta solar más grande del mundo, Noor Abu Dhabi, de los Emiratos Árabes, EAU, requirió de 8 Km2. Además, se habla de ciertos problemas ecológicos que puede propiciar.

Por lo pronto, el Gobierno ya le dio la espalda al sector de las energías renovables. Es más, se sabe que ya recibió una llamada de atención de parte de la ONU en noviembre pasado debido a los cambios en el mercado eléctrico y a su apuesta por incrementar la producción petrolera. El Informe sobre la Brecha de Emisiones de la organización internacional advertía que el Gobierno “había detenido años de progreso en el sector que amenazan con revertir el progreso logrado”.

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