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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició su mandato hace unos días con propuestas que pondrían en jaque a la industria automotriz del país, entre ellas la amenaza de imponer aranceles de 25% a productos de México y Canadá, quienes son sus aliados comerciales en el TMEC.

Esta medida sería la respuesta ante el “ingreso de una gran cantidad de gente y de fentanilo” que ambos países están permitiendo al país norteamericano, y que, según el propio mandatario, podría iniciar el 1° de febrero.

De hacerse oficial esta orden ejecutiva, los principales afectados serían los fabricantes y compradores de autos en Estados Unidos, según expertos.

Después de dicho anuncio, organismos automotrices externaron su preocupación ante los riesgos que esta medida podría traer consigo, entre ellos la Agencia Nacional de Proveedores del Sector Automotriz (Anapsa).

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Alberto Bustamante, director de la Agencia, explicó que los aranceles no solo se aplicarían a los vehículos hechos en México que ingresen por la frontera a los Estados Unidos, sino también a las autopartes mexicanas que los fabricantes americanos necesitan para la manufactura de los vehículos.

Cerca del 43% de los fabricantes americanos se podrían ver afectados con
esta medida

Agregó que el consumidor final será el mayor afectado, pues el 25% que se agregue de aranceles se agregará al costo final de los vehículos en Estados Unifos.

La Industria Nacional de Autopartes (INA), a través de su director general Gabriel Padilla, también externo su postura al señalar que la aplicación de estos aranceles podría ocasionar pérdidas por hasta 24,126 millones de dólares para la industria mexicana.

Las inversiones y la demanda de naves industriales también podrían sufrir estragos en varias zonas del país, afectando a industrias como la automotriz y la manufacturera,
señalan expertos.

Si bien no se espera que las inversiones se detengan de confirmarse esta decisión, sí se prevé que los nuevos anuncios se hagan con más cautela, por lo que el efecto del nearshoring seguirá durante este año, explican analistas.

Cabe destacar que si bien esta orden ejecutiva no ha sido establecida formalmente, su implementación podría violar los acuerdos establecidos dentro del TMEC, ya que afectaría la competitividad regional de los países involucrados y el funcionamiento de sus cadenas de valor.