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La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR), el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (INDEX) y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) manifestaron preocupación ante el decreto publicado el 19 de diciembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación.

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en México

Esta medida incrementa aranceles en el sector textil y restringe la importación temporal de insumos para empresas IMMEX, afectando la competitividad de diversos sectores económicos.

Durante una reunión con autoridades federales, las organizaciones empresariales expusieron que la decisión impacta directamente a 52 empresas, poniendo en riesgo aproximadamente 35,000 empleos.

Sin soluciones inmediatas, la afectación podría extenderse a miles de empresas con pérdidas económicas estimadas entre 60,000 y 2 millones de dólares semanales por compañía.

Se asegura que compañías con mercancías en tránsito enfrentan la posibilidad de cerrar operaciones en un plazo de cinco días.

El decreto afecta a industrias como la automotriz, textil, médica, mueblera, entre otras, con operaciones clave en la frontera norte, Bajío, centro y sureste de México.

Las empresas han señalado la falta de alternativas de proveeduría nacional para los insumos restringidos, lo que complica la continuidad de las actividades productivas y la estabilidad del empleo.

Octavio de la Torre, presidente de CONCANACO SERVYTUR, destacó en un comunicado que el sector servicios es fundamental para la economía nacional y subrayó la importancia de encontrar soluciones que protejan empleos y empresas.

En CANACINTRA se advirtió sobre el riesgo a la competitividad de las empresas mexicanas y reiteró la disposición de la industria para colaborar en el fortalecimiento de las
cadenas de valor.

Por su parte, Humberto Martínez Cantú, presidente de INDEX, recordó que las empresas IMMEX generan más de nueve millones de empleos y confió en el diálogo con el gobierno para mantener la estabilidad económica.

Las organizaciones pidieron al gobierno una prórroga de tres meses para implementar el decreto y revisarlo de forma gradual. Además, reafirmaron su compromiso con la economía nacional a través de la generación de empleo formal y el cumplimiento de obligaciones fiscales.