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La presión que ejerció el gobierno estadounidense al solicitar de manera formal la revisión de cualquier violación a los derechos laborales de los trabajadores mexicanos en la planta que General Motors tiene establecida en Silao, Guanajuato, produjo un hecho sin precedente.

Como parte de las nuevas disposiciones laborales que implica el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá en el sector automotriz, un amplio grupo representativo de los 6 mil 494 trabajadores sindicalizados que laboran en las instalaciones de la armadora implementó un proceso de votación para legitimar o bien echar abajo el Contrato Colectivo de Trabajo establecido entre General Motors México y el sindicato “Miguel Trujillo Gómez” que lidera Tereso Medina, el cual está afiliado a la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

De esta manera, en abril se realizó un primer intento para que se llevarán a cabo las votaciones. Sin embargo, el proceso fue invalidado ante denuncias de irregularidades.

Por ello, se convocó a un nuevo proceso donde representantes de la Secretaría de Trabajo (ST), integrantes del Instituto Nacional Electoral (INE) y miembros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) asumieron el rol de observadores, lo cual garantizó la transparencia del ejercicio democrático.

Como resultado, 3 mil 214 trabajadores votaron a favor y 2 mil 623 lo hicieron en contra. Dicha acción conlleva a la recisión del Contrato Colectivo de Trabajo y de paso se pone fin a la representación de la CTM en los intereses de los empleados de GM en Silao.

Bajo este panorama, ahora los propios trabajadores deberán crear un nuevo grupo que vele por sus derechos al negociar un nuevo acuerdo laboral con el fabricante de vehículos norteamericano, pues la Ley Federal del Trabajo lo determina de esa manera.

Cabe señalar que este escenario podría replicarse en otras plantas automotrices donde la CTM negocia los Contratos Colectivos de Trabajo.

Para los empleados del sector representa una gran oportunidad de mejorar sus condiciones salariales hasta equiparlas con lo que se paga en Estados Unidos y Canadá.

En lo que respecta a General Motors México, demostró cumplir con las normas de contratación laboral que determina el T-MEC, pues de lo contrario le implicaría pagar aranceles de hasta 25% para exportar sus vehículos a la Unión Americana.