EL GOBIERNO OBLIGARÁ A COMPAÑÍAS EXTRANJERAS A RENEGOCIAR CONTRATOS ENERGÉTICOS

La decisión del Senado de la República de aprobar la reforma a la ley de la industria eléctrica tendrá un impacto negativo en el futuro inmediato de más de una decena de compañías, en su mayoría extranjeras, dedicadas a producir energía.

En su carácter de presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que varias empresas foráneas deberán sentarse a la mesa de negociaciones para replantear los contratos con que operaban en el país, pues de lo contrario se quedarían fuera del negocio de la generación de energía.

"Vamos a buscar acuerdos en esta lógica de que queremos seguir manteniendo contratos, pero los tenemos que actualizar a la nueva realidad, que no es solo a la nueva realidad económica, es a la nueva realidad política. Básicamente hablamos de una compañía española y unas 10 más, porque está bien concentrado el manejo del mercado eléctrico", expresó el mandatario de la nación.

Cabe señalar que, pese a tener contratos vigentes con compañías generadoras de energía, el gobierno los invalidará tal y como lo hizo recientemente con Braskem-Idesa Odebrecht, firma transnacional a la que le redujo el 50% del suministro de etano y de los 66 mil barriles diarios de gas que se hacían llegar a su planta del Complejo Petroquímico Etileno XXI, ubicado en Nanchital, Veracruz, ahora solo se le venderán 30 mil barriles, con un contrato que finaliza en 2024 y no hasta 2040 como originalmente lo había sellado con la administración anterior.

“Nos robaban a todos los mexicanos, nada más que hay algunos que todavía no se quieren dar cuenta. Entonces, se está optando por llegar a acuerdos, siempre y cuando sean benéficos para la hacienda pública y no irnos a tribunales“, subrayó López Obrador.

Al respecto, Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), indicó durante una conferencia virtual que las empresas afectadas están en su derecho de acudir a instancias legales para que se les respeten sus acuerdos.

“Los agentes económicos que invirtieron, de buena fe en nuestro país, deberán tener alguna protección del Poder Judicial a sus intereses legítimos”, enfatizó.